A partir del mes de agosto las aseguradoras europeas se han zambullido en el mundo de la sostenibilidad por completo, aunque en este inicio no haya todavía una definición cerrada y definitiva sobre cuándo es sostenible una actividad. Aseguradoras y reaseguradoras deberán integrar el cambio climático en la estrategia comercial, así como en la gestión de riesgos y en el ámbito actuarial; también deberán hacer lo propio en el diseño de productos, suscripción por parte de clientes e incluso, en la gobernanza de las compañías y en la fijación de políticas de remuneraciones de las plantillas.
Esta implementación tiene como base dos reglamentos de la Unión Europea aprobados durante 2021, de directa aplicación en los países comunitarios, y que pretenden ir empujando su adopción de manera progresiva en una industria especialmente clave frente al desafío climático; se trata de un negocio que lo sufre directamente producto de las catástrofes naturales y podría favorecer las mejores prácticas apostando con sus abultadas inversiones a proyectos sostenibles.
Concientización
En la exposición de los motivos de esta norma, el regulador europeo subraya la importancia de ir “compatibilizando los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero”, a objeto de lograr emisiones cero en 2050.
Entre otras cosas, la normativa exige a los responsables de gestión de riesgos que, además de preocuparse de los riesgos propios del seguro y financieros, consideren los de sostenibilidad y los incorpore en la función actuarial, que determina la fijación de precios a productos. A título ilustrativo, las aseguradoras europeas deberían considerarlo al comercializar seguros de inmuebles en zonas con crecientes riesgos de inundaciones.
En cuanto a la política de remuneraciones, ésta incluirá información sobre cómo se tiene en cuenta la integración de los riesgos de sostenibilidad en el sistema de gestión de riesgos. Deberán valorar si las inversiones están alineadas o no con esos principios, a la vez de considerar las preferencias de sostenibilidad de los clientes en el diseño de productos. En este caso tendrán, como la banca, que incorporar cuestiones específicas en los test de idoneidad y preguntar al usuario si quiere que sus productos incorporen o no criterios sostenibles.
Reportes a final de año
Se espera que los criterios y exigencias se vayan afinando con la futura aprobación de las taxonomías pendientes, y también a partir de los reportes al supervisor, que deben arrancar a finales de este año.
La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés), ha ido adelantando trabajos en diálogo con los supervisores nacionales, además de implementar iniciativas como los test de estrés a los fondos de pensiones o con el análisis de impactos potenciales en el capital para empujar el esfuerzo y promover la concienciación. No obstante, no se espera un efecto inmediato en requerimientos de solvencia.
Los especialistas coinciden en señalar que tal como está configurado el SCR (capital de solvencia obligatorio), no tiene mucho sentido incorporarlo porque mira escenarios temporales de riesgo de un año, periodo en el que difícilmente se identifican los riesgos de sostenibilidad. Los riesgos climáticos se manifiestan, de hecho, al cabo de décadas.
Sin embargo, la posibilidad es que las compañías lo introduzcan y afinen, ya que los contratos se renuevan anualmente en la mayoría de los casos y la tarificación, al estar basada en estadísticas, irá arrojando nuevos precios si se producen aumentos de los siniestros.
Pérdidas millonarias
Al margen de normas, el sector está especialmente sensibilizado por el comportamiento de la actividad durante los últimos ejercicios. De acuerdo a un estudio de Swiss Re, el clima extremo originado por el cambio climático y las construcciones en áreas propensas a los desastres naturales causó en 2021 pérdidas por valor de 105.000 millones de dólares, las cuartas más altas desde 1970.
El huracán Ida, el más intenso y dañino registrado en la costa Este de Estados Unidos después del Katrina en 2005, causó el mayor quebranto, con daños asegurados por valor de entre 30.000 y 32.000 millones dólares; y el evento más costoso en Europa fueron las inundaciones de julio del pasado año en Alemania, Bélgica y países vecinos, con 13.000 millones en daños asegurados.
El involucramiento del sector en la prevención es máxima y de ahí que las grandes compañías ya tengan fechas casi inmediatas para dejar de asegurar actividades contaminantes. Un estudio de BlackRock reveló que el 95% de las compañías reaseguradoras, que mueven 27 billones de dólares en activos, observará el riesgo climático a la hora de construir sus carteras de inversión entre 2022 y 2023.
Fuente: elEconomista.es, 1 de agosto de 2022.
